A diálogo frustrado, teatro interactivo

En el contexto de deficiente comunicación Estado-comunidad y empresa-comunidad, y de los conflictos que ella suscita, es necesario revaluar las actuales estrategias de comunicación, y considerar su reforma. El enfoque de “teatro interactivo” es innovador y cubre las carencias de las estrategias más “tradicionales”.

Las estrategias de comunicación, en especial en el diálogo intercultural, han fallado por la falta de comprensión y empatía que tienen los dialogantes. Los beneficios planteados por una parte pueden ser incomprendidos o hasta resultar irrelevantes para la otra.

Si bien la incapacidad de consenso puede deberse a resistencias motivadas por intereses particulares ajenos al tema en debate, muchas otras se deben a la disimilitud entre los criterios con que las partes entienden las propuestas. Este caso es común en el diálogo intercultural, entre Estado y/o empresas, y comunidades indígenas, por ejemplo.

Las barreras en el diálogo intercultural no nos conciernen exclusivamente a los peruanos. Brechas culturales tan profundas como las que existen en países posconflicto como Irlanda del Norte, Georgia, Israel, Ruanda o Sudán, difícilmente son resueltas puramente con diálogo. En estos países, el “teatro interactivo” ha brotado como un eficaz instrumento para la resolución de conflictos interculturales y sería saludable que se considere como herramienta de consenso en el Perú.

El teatro interactivo tiene como audiencia a las poblaciones afectadas. La obra representa el desencadenamiento de eventos negativos a partir de decisiones que toman los personajes de la historia. Se observará que el alcoholismo conduce a la violencia; el endeudamiento irresponsable, al estrés; y que el crimen espanta a la inversión y produce desempleo.

Al culminar la puesta en escena, se inicia una repetición de la obra en la que se invita al público a subir al escenario, en el momento que deseen suplantar a algún personaje y tomar una (mejor) decisión en su lugar.

A través de la intervención del público en el proceso de toma de decisiones, se busca centrar la atención sobre temas relegados. La participación obliga al espectador a evaluar acciones familiares desde un punto de vista analítico de causa-efecto, en el que se consideran las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de conductas puntuales. Este tipo de razonamiento fomenta culturas preventivas y consecuentes.

Adicionalmente, se empodera a quienes usualmente no tienen oportunidad de expresar su opinión dentro de una comunidad, y se permite el debate y ensayo de alternativas que parten desde los diversos puntos de vista dentro de un grupo.

En la actualidad, la reforma más urgente debe darse en el campo de comunicación en proyectos de extracción de recursos en comunidades rurales. La puesta en escena pudiera representar más claramente los perjuicios que un clima infavorable a la inversión puede suscitar (menor recaudación tributaria, insuficientes servicios públicos, menor empleo). A la vez, permitiría el análisis y debate entre la población local, permitiéndoles expresar gráficamente sus dudas y preocupaciones (impacto ambiental o cultural) frente a los proyectos.

Si bien el diálogo y compromiso entre autoridades es la forma legítima y aceptada de consenso, la técnica aquí propuesta proveería un entendimiento a nivel de comunidad, que las autoridades deben luego representar. Si el Estado y/o la empresa, insiste en presentar los beneficios de la inversión desde su propio punto de vista y en su lenguaje, y las comunidades condenan los posibles perjuicios desde su propia órbita, difícilmente se logrará la comprensión, y menos aún el consenso.

No podemos seguir dándonos el lujo de dejar que gobierne la incomprensión y desacuerdo entre peruanos que tenemos una meta en común: el desarrollo de nuestro país. Es hora de hablar el mismo idioma.

Control de cambios

El cambio de posición de Ollanta Humala, desde candidato a presidente, es positivo en principio, pero podría arrastrar consecuencias negativas. Bueno porque se da como resultado de aprendizaje; riesgoso por el malestar que podría generar en sus votantes. Debe aplacarse el potencial impacto negativo si se quiere evitar una crisis sociopolítica y económica.

La posición del Ejecutivo es difícil. En campaña hizo promesas y tomó posición sobre temas complejos. Una vez dentro del Gobierno, la comitiva nacionalista se enfrentó a la realidad: una variación de 4 puntos porcentuales en la inversión privada repercute en uno del PBI. Además, la minería representa el 36% de la inversión privada y contribuye con más del 25% de los ingresos tributarios. El íntegro cumplimiento de las promesas de campaña es incompatible con esta realidad.

Este y cualquier cambio es positivo cuando es consecuencia de acceso a mayor información. Hoy representa el sinceramiento de agrupaciones políticas que, sin la obligación de tomar las riendas del país, seguirían promoviendo posiciones ajenas a la realidad. Solo imaginemos qué posición hubiera tomado el actual partido de gobierno, respecto al proyecto Conga si el fujimorismo ganaba la segunda vuelta.

Similarmente, un pueblo también opta por el cambio ante mayor información. Este año, el electorado peruano escogió un cambio, a pesar de que 5 años antes lo había rechazado. El gobierno actual es marcadamente distinto; el concreto incremento de 32% del presupuesto para programas sociales en el 2012 es un indicador ilustrativo. Por supuesto, este cambio está condicionado a las ataduras económicas antes mencionadas.

El cambio de posición del Ejecutivo, sin embargo, arrastra consecuencias negativas. Cualquier ruptura de un compromiso genera malestar. De hecho, el 66% de la desaprobación presidencial se explica por el incumplimiento de promesas electorales, y las regiones que más lo desaprueban son las que más votaron por Ollanta Humala. Ello resta legitimidad al Gobierno y suscita el enfrentamiento entre población y Estado en escenarios delicados.

La inestabilidad política y social significa inseguridad y espanta a la inversión. De hecho, las deterioradas expectativas empresariales se explican principalmente por la incertidumbre política. El ritmo de crecimiento de la inversión privada, decreció 11 puntos porcentuales en el 2011, y en el 2012, y la proyección de crecimiento en el sector minero en el 2012 empeoró de 7.5% en junio a 4.4% en diciembre. En este contexto el Ejecutivo debe enfocarse en mitigar la latente inestabilidad.

El partido de gobierno debe reconciliarse con sus votantes y base política. Es preferible explicar que las promesas se hicieron sin información completa y compartir la nueva información y condiciones que originaron el cambio, en lugar de guardar silencio y dar pie a resentimiento en el imaginario colectivo.

Si bien cualquier cambio que es consecuencia de aprendizaje es positivo, sería óptimo que este no se dé en Palacio, sino antes. El JNE podría obligar a los partidos políticos a adelantar su proceso de aprendizaje, a través de más rigurosos estándares para los planes de gobierno. Es necesario que se contemplen secciones de financiamiento, así como de posible impacto de las políticas y proyectos propuestos. Además, estos deberían ser auditados por empresas independientes que corroboren la veracidad del análisis.

El orden del orden: la iniciativa GRI en la RSE

(Publicado Originalmente en CONTACT de AMCHAM Perú, Diciembre 2011)

La responsabilidad social empresarial (RSE) pretende ordenar la dinámica actividad económica: la iniciativa GRI, pretende ordenar la dinámica responsabilidad social empresarial. El crecimiento de la producción en los noventas fue tan acelerado como desordenado. Una de las manifestaciones de vehemencia fue el descuido de la sostenibilidad de las empresas en el tiempo a través de la relación con grupos de interés o stakeholders más allá del accionariado (trabajadores, comunidad, gobierno, clientes). Posteriormente, se adoptaron estrategias de reivindicación de éstos factores en el planeamiento de las empresas bajo el rótulo de responsabilidad social empresaria (RSE). No obstante, la RSE se edificó sobre el preexistente desorden y hoy se ve en la necesidad de su propio reordenamiento.

La Iniciativa Global de Reporte (GRI, por sus siglas en inglés) surge como una avenida para homogenizar, estandarizar, monitorear y sincerar las cada vez más valoradas gestiones de RSE.

El intensivo proceso de privatización de los noventas liberó un dinamismo empresarial reprimido.  El crecimiento fue cuatro veces mayor que el de la década anterior, pero careció de un eficiente y comprehensivo planeamiento.  Ello saltó a la atención nacional entrando al nuevo milenio, mientras el mundo adoptaba indicadores de desarrollo económico integral, y el Perú giraba la atención sobre los descuidos laborales y sociales en los que se había venido creciendo.

Se concluyó que el descuido de la relación de las empresas con la totalidad de sus grupos de interés  afectaba a su propia sostenibilidad en el tiempo. La RSE se erigió como un alto valor de la empresa, y la principal avenida para ordenar su actividad, impacto y sostenibilidad.

No obstante, un valor invalorable es un valor nulo. A diferencia de la utilidad de una empresa, expresada en dólares y calculada según una fórmula universal, un reporte de RSE se presta a variados contenidos y métodos de elaboración. La naturaleza de los programas es diversa: mientras Backus promueve el consumo alcohólico responsable, el BCP elabora herramientas de aprendizaje virtuales para escuelas públicas y Edelnor educa sobre los valores nutricionales de la papa.

Por ello, sin indicadores o estándares comunes, las evaluaciones se hacen difíciles, abstractas e incomparables entre sí, y por ende, inútiles. Considerando que la base de la RSE es el impacto que la actividad genera en los diversos grupos de interés, es vital que a ellos se les comunique claramente sobre los resultados de la gestión de la empresa.

Una deficiente comunicación o comprensión, minaría los esfuerzos del fortalecimiento de la relación con los stakeholders, y contra la propia sostenibilidad de la empresa. Los proyectos mineros de  La Conga y Tía María, son ilustrativos ejemplos de inversiones que peligran en contextos de deficiente comunicación entre inversionista y grupos de interés.

Como respuesta a la situación descrita, emergió y predominó el reporte de sostenibilidad GRI, que busca institucionalizar y hacer transparente la manera en que las empresas reportan y comunican su actividad de RSE.

La GRI califica con notas entre A+ y C, el grado y rigurosidad de compleción de una lista de 79 indicadores que deben ser previamente consensuados entre empresa y stakeholders. Éstos contemplan indicadores de performance económica, ambiental y social de la actividad como generación de empleo local, emisión de CO2, y fatalidad, respectivamente.

Los reportes se elaboran por la propia empresa o una auditora externa para una mejor calificación, y luego es calificada y certificada por la GRI en Rotterdam, Holanda. En el 2010, más de 1800 empresas a nivel mundial fueron certificadas; el 14% provino de Latinoamérica.

En el Perú, la iniciativa ha sido recogida por 40 empresas, e impulsada por Perú2021, capacitador oficial de reportes de sostenibilidad GRI.  Cecilia Rizo Patrón, Directora de Gestión del Conocimiento de Perú2021, ha supervisado reportes GRI de 8 empresas en el país, incluyendo a Antamina, Backus, BCP y Refinería La Pampilla.

“El principal beneficio que ven las empresas en seguir la metodología GRI, es que permiten a la empresa ser transparente con sus grupos de interés; pudiendo convertirse en valiosas fuentes de retroalimentación” argumenta Rizo Patrón.

“Mientras más y mejor reporte, genero la posibilidad de recibir más y mejores recomendaciones de parte de mis stakeholders. De esta manera hago una auto-evaluación de la labor de RSE que me permitirá cambiar o afinar el rumbo de mi gestión, según los resultados que obtenga.”

A estos beneficios, debe sumársele la creación de una conciencia de responsabilidad social a nivel de sociedad. Esto se refleja en mejor reputación y aprecio en el mercado por empresas socialmente responsables. De hecho, los estudios demuestran que existe una correlación positiva entre incrementos en la cotización de una empresa en mercados bursátiles y su progreso en gestión y reporte de RSE.

En países como Inglaterra, Dinamarca y Japón, esta conciencia ha desembarcado en legislación que exige reportes de sostenibilidad a empresas que deseen cotizar en bolsa. Además de la ventaja de una imagen favorable de una empresa frente a su público, existe el beneficio directo al inversionista de un aseguramiento de la sostenibilidad de su inversión. Un cada vez mayor número de organizaciones inversionistas transnacionales, restringe su portafolio a acciones de empresas de transparentes gestiones de RSE. Es necesario que las empresas peruanas mejoren su calidad e información de RSE y no se vean rezagadas en la competencia por captación de capitales extranjeros cada vez más conscientes socialmente.

La adopción de políticas de RSE por el empresariado nacional e internacional es un importante paso para la conciliación del desarrollo económico con el de los diversos grupos impactados por la actividad. Especialmente, en el contexto político y social actual, en el que se suele antagonizar a la inversión privada y al desarrollo integral de la población, es de suma importancia que exista clara y eficiente comunicación con los stakeholders.

La GRI, surge como la principal alternativa para establecer estándares en los que se ejecuten, reporten, comuniquen y midan estas gestiones. Además de legitimar a la empresa con sus grupos de interés, los reportes de sostenibilidad pueden generar beneficios directos en valorizaciones ante inversionistas.

Por sobre todo, debe tenerse en especial consideración la aparición de esta herramienta como antídoto contra la trampa de estigmatización en la que la actividad privada estuvo enfrascada mucho tiempo: la supuesta contraposición de sus intereses lucrativos y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Con orden y a través de iniciativas como la GRI, la RSE concilia y potencia lucro y bienestar.

Ejemplo mayor

A raíz de la incertidumbre y penumbra que durante semanas rodeó al Colegio Mayor (CM) y de la especial cercanía que tengo con el proyecto y sus bondades, creo oportuno analizar las críticas que recibe como modelo de educación y programa de desarrollo.

Sus detractores esbozan argumentos que también son reproducidos en otros sectores de la administración pública: "distrae el presupuesto de los programas que buscan cerrar brechas educativas (o de salud, infraestructura, etc.)".

La redistribución vehemente de pobres servicios ya significó suficiente atraso en el pasado. La calidad y la redistribución son importantes; deben reforzarse, no enfrentarse. La solución no es matar programas como el CM, sino en expandir su impacto.

Las escasas y ambiguas declaraciones del Ministerio de Educación (Minedu) sobre la continuación del CM generaron zozobra, en especial entre los 600 alumnos que continuarán allí su educación en el 2012. Recién hace tres semanas, con un mes de retraso y tras una considerable presión mediática, se confirmó la convocatoria y continuidad del colegio. No obstante, los argumentos que las autoridades oficialistas deslizaron durante el tiempo de humareda y ambigüedad, develan una filosofía sobre la cual debemos posar los lentes analíticos. La toma de decisiones debe obedecer a argumentos, y no a presiones externas, como las mediáticas.

La crítica al CM y demás proyectos costosos sostiene que la alta inversión que estos significan debe esparcirse entre todos los ciudadanos. La redistribución del presupuesto público en el Perú ha significado servicios de pobrísima calidad. En todo caso, la crítica es inexacta: el presupuesto público no es escaso con relación al nivel de gasto.

Al tercer trimestre de este año, el Ministerio de Educación ejecutó un tercio de su presupuesto anual; el CM no "quitó" recursos a otros programas. Además, los sobrecostos son fácilmente reducibles: el CM paga S/. 6 millones en alquiler y el local es propiedad del mismo Minedu. Los buenos proyectos deben ser costo-eficientes, no eliminados por completo.

Irónicamente, la insuficiente ejecución presupuestal (menor al 15% en algunas regiones al pasado trimestre) se debe, en parte, a la falta de alternativas de inversión social de comprobado impacto, o a la incapacidad de saber identificarlas. Es por ello que proyectos de resultados comprobados como el CM (278 graduados, 273 ingresos a educación postescolar, y más de 70 becas en un año) deben conservarse. El deseo de inventar la pólvora cada quinquenio significa discontinuidad y pérdida de valioso tiempo. El esfuerzo y aporte debe ser por perfeccionar logros existentes en beneficio de la población.

Esto no significa que dos o cinco CM solucionarán nuestros problemas educativos. Si bien los proyectos de calidad son sostenibles y benefician al total de la sociedad en el largo plazo, estos son insuficientes, pues relegan la satisfacción de necesidades inmediatas de la mayoría. Por ello deben combinarse acciones de largo plazo e impacto profundo, con medidas de corto plazo, reconociendo a las últimas como alivio temporal. La duración de estos programas debe darse en función al ritmo de reproducción de los proyectos de alto impacto. Los esfuerzos deben centrarse en que los proyectos de alto impacto sean costo-eficientes, y acelerar y repercutir su impacto, acortando los plazos de los programas asistencialistas y de alivio, y haciéndolos cada vez menos necesarios.

Juicio económico y condenas políticas

La crisis global actual trae riesgos pero también grandes oportunidades que nuestro Gobierno pareciera querer echar a perder. La caída de los mercados desarrollados y el enfriamiento de China han obligado a los inversionistas a buscar nuevas plazas. Gracias a su alto crecimiento, las economías latinoamericanas son naturales alternativas. No obstante, en el contexto de alta competencia intrarregional por atraer capitales huérfanos, un próximo desliz de nuestra clase política podría resultar catastrófico.

De acuerdo al último plan de gobierno u "Hoja de ruta" y el Marco Macroeconómico Multianual del MEF, el crecimiento económico es prioridad. Sí, con inclusión social, pero reconociendo que se necesita crear riqueza para poder distribuirla y que la inversión privada es vital para ello. "Cada 4 puntos porcentuales de variación en inversión privada repercute directamente en uno del PBI", dice el MEF. Entonces, uno esperaría–y no ve–esfuerzos gubernamentales por conquistar a estos capitales ambulantes.

Toda decisión de inversión depende principalmente de dos variables: retornos y riesgo. Preliminarmente, los inversionistas han acudido a los mercados que mantienen alto crecimiento durante la crisis. Sin embargo, la diferencia entre las economías en las que se vaciarán capitales y las que salgan solo a trapear los excesos dependerá del grado de riesgo que arrastre cada una. No basta seducir con crecimiento, debe garantizarse predictibilidad y sostenibilidad.

Si bien mantenemos reconfortantes fundamentos económicos, la lamentable actuación de la clase política está empezando a pasarnos factura. Venimos cayendo en rankings de preferencia y facilidad para invertir– ayer nos superó Chile y nos alcanzó Colombia en el, hasta entonces favorable, ranking Doing Business.

Las páginas políticas de cualquier diario empiezan a cumplir un rol de repelente de inversiones. Las contradicciones y desautorizaciones entre ministros y los escándalos de corrupción son nuestro pan de cada día. Más gravemente, las autoridades siguen deslizando comentarios referentes a la modificación de la Constitución. ¿Con qué cara podemos luego salir a captar inversionistas que buscan garantías de marcos jurídicos estables?

Mientras tanto, nuestro más cercano competidor, Colombia, escala en todos los índices en los que venimos cayendo. En el país vecino, no se ven divisiones u oscilaciones en el discurso público impulsadas por intereses políticos particulares, quizá por la unidad política que se forjó para derrotar al narcotráfico. Esto le ha valido ser considerado uno de los Civets (los nuevos BRIC) por The Economist. Hoy, Colombia tiene las condiciones para convertirse en el principal destino de inversión en la región, hacernos sombra y dejarnos sin inversión, sin crecimiento y sin inclusión social.

No es demasiado tarde. La crisis en los mercados desarrollados durará por lo menos un año más; suficiente tiempo para enderezarnos y competir por capitales. Debe despolitizarse los intereses del Gobierno, reemplazando partidarios por técnicos en direcciones claves. Debe mejorarse la comunicación dentro del ejecutivo y mantener una sola y coherente línea hacia afuera. Por último, debe mejorarse la labor de filtración y fiscalización en las listas parlamentarias, y ahorrarnos el constante bochorno que nos significa nuestro Parlamento.

Señores políticos de distintos partidos, direcciones y ministerios: Los intereses del Perú están antes que los suyos.

El paso que hace falta dar: institucionalidad

Durante el último par de semanas se han presentado reconocidas publicaciones de indicadores internacionales de desarrollo. En el Índice de Competitividad Global del WEF retrocedimos en calidad institucional. En la también reciente Encuesta Global de CEO de PWC, el Perú ha sido desplazado por Colombia del segundo lugar preferido para inversiones en Latinoamérica. A su vez, Colombia mejoró tres posiciones en el pilar institucional del Índice del WEF. La evidencia sugiere una relación entre la intención de inversión en un país y su calidad institucional.

¿Qué es la institucionalidad? Según el Premio Nobel Douglas North es el marco de normas que regulan el comportamiento de una nación o sociedad. Dado que vivimos en un mundo de información incompleta, las instituciones deben proteger y garantizar la seguridad de nuestros intercambios y transacciones. El cumplimiento de contratos, la protección de los derechos de propiedad, la predictibilidad, la transparencia y la mínima arbitrariedad con que actúa el sector público son las más importantes instituciones.

¿Cómo afecta a la inversión? Por la misma razón que se prefiere no construir en zonas de fallas geológicas, un empresario no haría negocios en países de cuestionable institucionalidad: existe un alto riesgo sobre la inversión. La garantía de estabilidad emana no solo de la solidez de fundamentos, sino también de las actitudes y coherencia de gobernantes, y la confianza que estos proyectan. Un país atractivo a la inversión no debe solo presentar un marco seguro hoy, sino garantizar su continuidad.

La pobre institucionalidad y la falta de garantías de continuidad de marcos seguros espantan la inversión y consecuentemente frenan el crecimiento. No es coincidencia que los países de mejor calidad institucional según el WEF, hayan presentado un promedio de variación positiva o negativa anual del PBI de solo 2%, mientras que el crecimiento de las diez economías de más baja institucionalidad es mucho más volátil e impredecible, variando 6% anualmente. El promedio de variación anual peruana es de 4.3%, mientras que el de Colombia es de 2.5%.

¿Cómo se manifiesta la falta de institucionalidad en el Perú? A través de la incertidumbre que existe sobre el respeto a los contratos, la inversión privada, los derechos de propiedad y la calidad de las organizaciones responsables de su cumplimiento. Recientemente, nuestra pobreza institucional se ha manifestado en la irresolución sobre el lote 88, la ambigüedad sobre el gravamen minero, litigios Estado vs. privados (DP World y Bear Creak), cuestionados nombramientos y licitaciones (Olmos y Tren Eléctrico), y casos de corrupción (faenones pesqueros). Una consecuencia igualmente reciente y palpable es la resistencia de las AFP a invertir junto con el Estado en infraestructura por temor a cambios en las reglas de juego.

¿Cómo mejorar la institucionalidad, ser atractivo a la inversión, y mantener el crecimiento? El Banco Mundial recomienda la creación de la carrera pública meritocrática, capacitación permanente y remuneración competitiva. Además se necesita mejorar articulación entre gobierno central y subnacionales, y la capacidad de gestión de estos últimos, así como también reducir la el grado de discrecionalidad en cargos públicos. Final y muy importantemente, la coherencia en acciones debe verse respaldada por un discurso coherente y consistente, que lejos de ser una carga con la que los fundamentos económicos deban cargar, le sirva de aliado para el crecimiento.

Toma de mando, toma de medidas

El discurso del Primer Ministro del día de ayer, esclareció la ruta que pretende seguir el gobierno a través de una gama de metas cuantificables. Es un gran punto de partida para permitir a la ciudadanía su rol fiscalizador. La capacidad de vigilancia de una ciudadanía es vital para el desarrollo saludable de una democracia. No obstante, el sistema de estadística nacional está aún muy lejos de dotar a los peruanos de las herramientas que sirvan de medidores de gobierno.

El rango de objetivos planteados por el PM, definen las tareas a evaluar y los indicadores que las califican (crecimiento del PBI, pobreza, desnutrición, etc.). Cada uno más o menos importante para cada ciudadano en su evaluación del gobierno, pero necesario para ella. Para su efectiva aplicación, urge mayor claridad, accesibilidad, y constancia de la estadística nacional. Algunos hechos sucedidos durante los últimos meses lo evidencian.

Durante alguna inauguración, Alan García declaró al país libre de analfabetismo, sin explicar que esto sólo significa superar el 2% de analfabetismo. Esto despistó a una ciudadanía que, sin tener porqué conocer el tecnicismo, entendió que no existían más analfabetos en el Perú - existen cerca de 900 mil. Es necesaria la claridad de los indicadores con los que se bombardea a la población. De persistir la ambigüedad sobre lo que se mide, se obstruirá el monitoreo exacto por parte de la ciudadanía.

El mencionado incidente, también evidencia que políticos y medios han adoptado el rol ajeno de fuentes de estadística, ante la brecha entre la población y la verdadera fuente de estadística nacional; el INEI. Las publicaciones del INEI deben ser más accesibles (la ENAHO solo puede descargarse con un sofisticado software estadístico), y su portal web más amigable. El interfaz del portal debe permitir a todos los peruanos a la constante y directa evaluación de su gobierno.

Además, se ha relegado la importante necesidad de contar con indicadores constantes en el tiempo, y entre países. Durante el debate presidencial, se le reprochó a K. Fujimori que la pobreza aumentara durante el gobierno de su padre. Sin embargo, la cifras comparadas fueron calculadas según distintas metodologías (en 1994 el INEI reemplazó la metodología ENNIV por la ENAHO).El “desliz” pudo haber influido en la decisión del desorientado electorado. Los indicadores y metodologías utilizadas deben ser constantes para permitir comparar entre gestiones y entre períodos dentro la misma gestión.

En el contexto internacional, durante años nos autoexcluímos de la posibilidad de contextualización mundial a través de los estándares internacionales PISA por temor a quedar mal parados, luego del bochornoso último lugar en el 2001. Durante ese tiempo, los peruanos no pudimos evaluar el progreso que consiguiera el gobierno en materia de educación con respecto a otros países. En el contexto globalizado en que vivimos, la ciudadanía debe estar en capacidad de ubicar la performance relativa de su gobierno en el contexto mundial.

La estadística nacional debe ser pulida en diversos frentes para ser una eficiente herramienta de democracia que dote de poder fiscalizador a la ciudadanía. En esta materia, el PM ha sentado un importante hito en establecer metas claras y medibles para su gobierno. La efectividad con que la ciudadanía pueda monitorear el cumplimiento de estos ofrecimientos, dependerá de la claridad, accesibilidad y constancia que ofrezca el sistema de estadística nacional. Las distintas carteras ministeriales, y principalmente el INEI, deberán cobrar un importante y activo papel en este esfuerzo.