La consulta y el fin de la Cultura Parche

A más de un año de los sucesos de Bagua, el imperio de la ley volvió a ser puesto en jaque gracias a la falta de prevención de parte del Estado y a la deficiente estrategia comunicacional del sector privado. El foco vuelve a ser la inversión foránea en recursos naturales, y la desinformación en la población vecina. La tensión en Quillabamba en torno a la exportación del gas, evidenció que el Estado se rehúsa a aplicar lo aprendido, o no aprendió, sobre consulta y prevención. Esta resistencia o incapacidad, pone en serio riesgo al país.

El año pasado murieron más de treinta peruanos, y solo después se dialogó y se propuso. Se repitió el fenómeno en Islay, cuando se desinformó sobre el proyecto Tía María y la contaminación de acuíferos, y el Estado y el empresariado interesado desaprovecharon la oportunidad de demostrar que aprendieron que es preferible prevenir que remediar. Con el fin de que consensuen Estado, inversionista, y población afectada, sobre proyectos de exploración y extracción, se elaboró la Ley de Consulta Previa. Ley que hoy es reevaluada, paradójicamente, por su extensión a poblaciones no indígenas, como con la que el Premier dialogó en La Convención, obligado a poner el parche, después de semanas de manifestaciones.

Esta renuencia se explica por un erróneo análisis costo-beneficio. Es menos costoso identificar y canalizar esfuerzos hacia un conflicto ya existente, que hacia una posibilidad lejana. A nivel del Partido, resulta improductivo solucionar problemas que no han ocurrido; capturar al asesino da más prensa que convencerlo de no disparar. El costo de no consultar, sin embargo, ha sido siempre más alto. A falta de un canal de comunicación que sirva a la inclusión, el marginado opta por las vías radicales, como la armada en los 80s y 90s; costosísimas para los peruanos. Además, cuando a la interrogante “¿cómo me afecta la obra que presencio?” no hay respuesta de los principales stakeholders (inversionista y Gobierno), personajes con intereses ajenos al esclarecimiento de la verdad, llenan ese vacío. Una estrategia de prevención se anticiparía a la desinformación y la inquietud que genera.

De una tragedia que costó 34 vidas, parece haberse aprendido poco. Los costos de consultar son excedidos por los de no consultar y excluir –y lo entendemos solo después de haber sufrido estos últimos costos. Es urgente la aprobación y extensión de una Ley de Consulta. Para que se valore al beneficio de evitar costos a largo plazo por sobre los costos de inversión en consultar, queda pendiente el cambio de la cultura parche por la de prevención. La inclusión y estabilidad social significan mayor y entendida inversión y su eficiente redistribución, y sientan sólidas bases para el desarrollo. La Consulta Previa es un gran paso hacia el fin de la cultura parche, que prioriza picos en encuestas sobre favorables páginas de historia.