Ejemplo mayor

A raíz de la incertidumbre y penumbra que durante semanas rodeó al Colegio Mayor (CM) y de la especial cercanía que tengo con el proyecto y sus bondades, creo oportuno analizar las críticas que recibe como modelo de educación y programa de desarrollo.

Sus detractores esbozan argumentos que también son reproducidos en otros sectores de la administración pública: "distrae el presupuesto de los programas que buscan cerrar brechas educativas (o de salud, infraestructura, etc.)".

La redistribución vehemente de pobres servicios ya significó suficiente atraso en el pasado. La calidad y la redistribución son importantes; deben reforzarse, no enfrentarse. La solución no es matar programas como el CM, sino en expandir su impacto.

Las escasas y ambiguas declaraciones del Ministerio de Educación (Minedu) sobre la continuación del CM generaron zozobra, en especial entre los 600 alumnos que continuarán allí su educación en el 2012. Recién hace tres semanas, con un mes de retraso y tras una considerable presión mediática, se confirmó la convocatoria y continuidad del colegio. No obstante, los argumentos que las autoridades oficialistas deslizaron durante el tiempo de humareda y ambigüedad, develan una filosofía sobre la cual debemos posar los lentes analíticos. La toma de decisiones debe obedecer a argumentos, y no a presiones externas, como las mediáticas.

La crítica al CM y demás proyectos costosos sostiene que la alta inversión que estos significan debe esparcirse entre todos los ciudadanos. La redistribución del presupuesto público en el Perú ha significado servicios de pobrísima calidad. En todo caso, la crítica es inexacta: el presupuesto público no es escaso con relación al nivel de gasto.

Al tercer trimestre de este año, el Ministerio de Educación ejecutó un tercio de su presupuesto anual; el CM no "quitó" recursos a otros programas. Además, los sobrecostos son fácilmente reducibles: el CM paga S/. 6 millones en alquiler y el local es propiedad del mismo Minedu. Los buenos proyectos deben ser costo-eficientes, no eliminados por completo.

Irónicamente, la insuficiente ejecución presupuestal (menor al 15% en algunas regiones al pasado trimestre) se debe, en parte, a la falta de alternativas de inversión social de comprobado impacto, o a la incapacidad de saber identificarlas. Es por ello que proyectos de resultados comprobados como el CM (278 graduados, 273 ingresos a educación postescolar, y más de 70 becas en un año) deben conservarse. El deseo de inventar la pólvora cada quinquenio significa discontinuidad y pérdida de valioso tiempo. El esfuerzo y aporte debe ser por perfeccionar logros existentes en beneficio de la población.

Esto no significa que dos o cinco CM solucionarán nuestros problemas educativos. Si bien los proyectos de calidad son sostenibles y benefician al total de la sociedad en el largo plazo, estos son insuficientes, pues relegan la satisfacción de necesidades inmediatas de la mayoría. Por ello deben combinarse acciones de largo plazo e impacto profundo, con medidas de corto plazo, reconociendo a las últimas como alivio temporal. La duración de estos programas debe darse en función al ritmo de reproducción de los proyectos de alto impacto. Los esfuerzos deben centrarse en que los proyectos de alto impacto sean costo-eficientes, y acelerar y repercutir su impacto, acortando los plazos de los programas asistencialistas y de alivio, y haciéndolos cada vez menos necesarios.

Juicio económico y condenas políticas

La crisis global actual trae riesgos pero también grandes oportunidades que nuestro Gobierno pareciera querer echar a perder. La caída de los mercados desarrollados y el enfriamiento de China han obligado a los inversionistas a buscar nuevas plazas. Gracias a su alto crecimiento, las economías latinoamericanas son naturales alternativas. No obstante, en el contexto de alta competencia intrarregional por atraer capitales huérfanos, un próximo desliz de nuestra clase política podría resultar catastrófico.

De acuerdo al último plan de gobierno u "Hoja de ruta" y el Marco Macroeconómico Multianual del MEF, el crecimiento económico es prioridad. Sí, con inclusión social, pero reconociendo que se necesita crear riqueza para poder distribuirla y que la inversión privada es vital para ello. "Cada 4 puntos porcentuales de variación en inversión privada repercute directamente en uno del PBI", dice el MEF. Entonces, uno esperaría–y no ve–esfuerzos gubernamentales por conquistar a estos capitales ambulantes.

Toda decisión de inversión depende principalmente de dos variables: retornos y riesgo. Preliminarmente, los inversionistas han acudido a los mercados que mantienen alto crecimiento durante la crisis. Sin embargo, la diferencia entre las economías en las que se vaciarán capitales y las que salgan solo a trapear los excesos dependerá del grado de riesgo que arrastre cada una. No basta seducir con crecimiento, debe garantizarse predictibilidad y sostenibilidad.

Si bien mantenemos reconfortantes fundamentos económicos, la lamentable actuación de la clase política está empezando a pasarnos factura. Venimos cayendo en rankings de preferencia y facilidad para invertir– ayer nos superó Chile y nos alcanzó Colombia en el, hasta entonces favorable, ranking Doing Business.

Las páginas políticas de cualquier diario empiezan a cumplir un rol de repelente de inversiones. Las contradicciones y desautorizaciones entre ministros y los escándalos de corrupción son nuestro pan de cada día. Más gravemente, las autoridades siguen deslizando comentarios referentes a la modificación de la Constitución. ¿Con qué cara podemos luego salir a captar inversionistas que buscan garantías de marcos jurídicos estables?

Mientras tanto, nuestro más cercano competidor, Colombia, escala en todos los índices en los que venimos cayendo. En el país vecino, no se ven divisiones u oscilaciones en el discurso público impulsadas por intereses políticos particulares, quizá por la unidad política que se forjó para derrotar al narcotráfico. Esto le ha valido ser considerado uno de los Civets (los nuevos BRIC) por The Economist. Hoy, Colombia tiene las condiciones para convertirse en el principal destino de inversión en la región, hacernos sombra y dejarnos sin inversión, sin crecimiento y sin inclusión social.

No es demasiado tarde. La crisis en los mercados desarrollados durará por lo menos un año más; suficiente tiempo para enderezarnos y competir por capitales. Debe despolitizarse los intereses del Gobierno, reemplazando partidarios por técnicos en direcciones claves. Debe mejorarse la comunicación dentro del ejecutivo y mantener una sola y coherente línea hacia afuera. Por último, debe mejorarse la labor de filtración y fiscalización en las listas parlamentarias, y ahorrarnos el constante bochorno que nos significa nuestro Parlamento.

Señores políticos de distintos partidos, direcciones y ministerios: Los intereses del Perú están antes que los suyos.

El paso que hace falta dar: institucionalidad

Durante el último par de semanas se han presentado reconocidas publicaciones de indicadores internacionales de desarrollo. En el Índice de Competitividad Global del WEF retrocedimos en calidad institucional. En la también reciente Encuesta Global de CEO de PWC, el Perú ha sido desplazado por Colombia del segundo lugar preferido para inversiones en Latinoamérica. A su vez, Colombia mejoró tres posiciones en el pilar institucional del Índice del WEF. La evidencia sugiere una relación entre la intención de inversión en un país y su calidad institucional.

¿Qué es la institucionalidad? Según el Premio Nobel Douglas North es el marco de normas que regulan el comportamiento de una nación o sociedad. Dado que vivimos en un mundo de información incompleta, las instituciones deben proteger y garantizar la seguridad de nuestros intercambios y transacciones. El cumplimiento de contratos, la protección de los derechos de propiedad, la predictibilidad, la transparencia y la mínima arbitrariedad con que actúa el sector público son las más importantes instituciones.

¿Cómo afecta a la inversión? Por la misma razón que se prefiere no construir en zonas de fallas geológicas, un empresario no haría negocios en países de cuestionable institucionalidad: existe un alto riesgo sobre la inversión. La garantía de estabilidad emana no solo de la solidez de fundamentos, sino también de las actitudes y coherencia de gobernantes, y la confianza que estos proyectan. Un país atractivo a la inversión no debe solo presentar un marco seguro hoy, sino garantizar su continuidad.

La pobre institucionalidad y la falta de garantías de continuidad de marcos seguros espantan la inversión y consecuentemente frenan el crecimiento. No es coincidencia que los países de mejor calidad institucional según el WEF, hayan presentado un promedio de variación positiva o negativa anual del PBI de solo 2%, mientras que el crecimiento de las diez economías de más baja institucionalidad es mucho más volátil e impredecible, variando 6% anualmente. El promedio de variación anual peruana es de 4.3%, mientras que el de Colombia es de 2.5%.

¿Cómo se manifiesta la falta de institucionalidad en el Perú? A través de la incertidumbre que existe sobre el respeto a los contratos, la inversión privada, los derechos de propiedad y la calidad de las organizaciones responsables de su cumplimiento. Recientemente, nuestra pobreza institucional se ha manifestado en la irresolución sobre el lote 88, la ambigüedad sobre el gravamen minero, litigios Estado vs. privados (DP World y Bear Creak), cuestionados nombramientos y licitaciones (Olmos y Tren Eléctrico), y casos de corrupción (faenones pesqueros). Una consecuencia igualmente reciente y palpable es la resistencia de las AFP a invertir junto con el Estado en infraestructura por temor a cambios en las reglas de juego.

¿Cómo mejorar la institucionalidad, ser atractivo a la inversión, y mantener el crecimiento? El Banco Mundial recomienda la creación de la carrera pública meritocrática, capacitación permanente y remuneración competitiva. Además se necesita mejorar articulación entre gobierno central y subnacionales, y la capacidad de gestión de estos últimos, así como también reducir la el grado de discrecionalidad en cargos públicos. Final y muy importantemente, la coherencia en acciones debe verse respaldada por un discurso coherente y consistente, que lejos de ser una carga con la que los fundamentos económicos deban cargar, le sirva de aliado para el crecimiento.

Toma de mando, toma de medidas

El discurso del Primer Ministro del día de ayer, esclareció la ruta que pretende seguir el gobierno a través de una gama de metas cuantificables. Es un gran punto de partida para permitir a la ciudadanía su rol fiscalizador. La capacidad de vigilancia de una ciudadanía es vital para el desarrollo saludable de una democracia. No obstante, el sistema de estadística nacional está aún muy lejos de dotar a los peruanos de las herramientas que sirvan de medidores de gobierno.

El rango de objetivos planteados por el PM, definen las tareas a evaluar y los indicadores que las califican (crecimiento del PBI, pobreza, desnutrición, etc.). Cada uno más o menos importante para cada ciudadano en su evaluación del gobierno, pero necesario para ella. Para su efectiva aplicación, urge mayor claridad, accesibilidad, y constancia de la estadística nacional. Algunos hechos sucedidos durante los últimos meses lo evidencian.

Durante alguna inauguración, Alan García declaró al país libre de analfabetismo, sin explicar que esto sólo significa superar el 2% de analfabetismo. Esto despistó a una ciudadanía que, sin tener porqué conocer el tecnicismo, entendió que no existían más analfabetos en el Perú - existen cerca de 900 mil. Es necesaria la claridad de los indicadores con los que se bombardea a la población. De persistir la ambigüedad sobre lo que se mide, se obstruirá el monitoreo exacto por parte de la ciudadanía.

El mencionado incidente, también evidencia que políticos y medios han adoptado el rol ajeno de fuentes de estadística, ante la brecha entre la población y la verdadera fuente de estadística nacional; el INEI. Las publicaciones del INEI deben ser más accesibles (la ENAHO solo puede descargarse con un sofisticado software estadístico), y su portal web más amigable. El interfaz del portal debe permitir a todos los peruanos a la constante y directa evaluación de su gobierno.

Además, se ha relegado la importante necesidad de contar con indicadores constantes en el tiempo, y entre países. Durante el debate presidencial, se le reprochó a K. Fujimori que la pobreza aumentara durante el gobierno de su padre. Sin embargo, la cifras comparadas fueron calculadas según distintas metodologías (en 1994 el INEI reemplazó la metodología ENNIV por la ENAHO).El “desliz” pudo haber influido en la decisión del desorientado electorado. Los indicadores y metodologías utilizadas deben ser constantes para permitir comparar entre gestiones y entre períodos dentro la misma gestión.

En el contexto internacional, durante años nos autoexcluímos de la posibilidad de contextualización mundial a través de los estándares internacionales PISA por temor a quedar mal parados, luego del bochornoso último lugar en el 2001. Durante ese tiempo, los peruanos no pudimos evaluar el progreso que consiguiera el gobierno en materia de educación con respecto a otros países. En el contexto globalizado en que vivimos, la ciudadanía debe estar en capacidad de ubicar la performance relativa de su gobierno en el contexto mundial.

La estadística nacional debe ser pulida en diversos frentes para ser una eficiente herramienta de democracia que dote de poder fiscalizador a la ciudadanía. En esta materia, el PM ha sentado un importante hito en establecer metas claras y medibles para su gobierno. La efectividad con que la ciudadanía pueda monitorear el cumplimiento de estos ofrecimientos, dependerá de la claridad, accesibilidad y constancia que ofrezca el sistema de estadística nacional. Las distintas carteras ministeriales, y principalmente el INEI, deberán cobrar un importante y activo papel en este esfuerzo.

Lo que legislé mientras te hacías la dormida

(Publicado originalmente el 22 de julio del 2011 en Gestión)

Ad portas del cambio de gobierno, se vive un vendaval de propuestas legislativas proteccionistas que preocupa a quienes valoramos el actual modelo económico. La bancada nacionalista lidera esta inquieta puja como quien quiere endilgar la tarea al gobierno actual para no cargar con ella durante el suyo.

El último mes ha sido tan solo una demostración de lo que podrían ser los próximos cinco años en un Congreso donde los promotores de estas leyes serán mayoría. El sector privado y los congresistas pro mercado deben mantenerse despiertos y vigilantes; de ello dependerá que se preserven los pilares del crecimiento alcanzado.

En el ruedo están los debates sobre los transgénicos, la reducción de la brecha digital y las contrataciones estatales. Todos con una carga romántica y popular que apela a la emoción. Y tanto apela que, a pesar de tener un fondo proteccionista, en su mayoría estos proyectos despistan y pasan inadvertidos frente a las narices de una dormitante bancada pro mercado.

En el debate sobre transgénicos, por ejemplo, se han priorizado los inciertos y alarmistas argumentos ecológicos por sobre los más claros análisis económicos. Económicamente, la moratoria beneficia a los productores nacionales que verán reducida su competencia. Perjudica a quienes exportaban dichos productos a nuestro país, perjudica a los productores nacionales que por razones de precio o calidad prefieren importar insumos transgénicos antes que abastecerse localmente, y por último, perjudica a los consumidores que deberán cargar con el incremento de precios. Hace falta sacudirse, no dejarse hipnotizar por la retórica idealista, y analizar a fondo los verdaderos impactos ecológicos y socioeconómicos del producto.

De manera similar, están los proyectos para el "fortalecimiento" de la industria nacional. Para reducir la "brecha digital" se propone exonerar del IGV a las ensambladoras nacionales de PC. Para "nivelar" la competencia por contratos estatales, se propone un pago adicional para las empresas extranjeras. A primera vista, los beneficiados son los productores nacionales y los perjudicados, los extranjeros. Pero despertemos y ahondemos: el "fortalecimiento" del que hablamos se basa en lisiar a la competencia, depender de distorsiones y en proteccionismo. Al final, nos vemos afectados todos: Estado y consumidor serán provistos de menos productos, con menos calidad y precios más altos.

Toda medida anticompetitiva beneficia a un competidor en desmedro de los otros, y como consecuencia se perjudica al consumidor. Los intereses de productores agrícolas, proveedores del Estado y ensambladores de PC nacionales, se ocultan detrás de la causa patriota y explotan la emoción y sensibilidad del ciudadano. En ese sentido actúan como azuzador con ambición política en conflictos sociales, o si se prefiere, como analista bursátil alarmista que busca generar desconfianza política.

Por ello, es necesario que los afectados en el sector privado y los legisladores pro mercado estén despiertos y bien atentos; detrás del disfraz de cordero puede estar el lobo más feroz. Los congresistas entrantes deben estar conscientes de lo que enfrentarán y no dejarse sorprender por leyes de títulos conmovedores. Para ello, deberán ponerse los lentes analíticos y objetivos que les permitan evaluar los potenciales alcances e impactos de cuanta propuesta los visite.

Por último, el sector empresarial a favor de la apertura y libre competencia, deberá ser cauto y no ir al choque contra estas iniciativas románticas, pues fácilmente se le estigmatizará de antipatriotas. Por el contrario, deberá enfatizar y desarrollar los argumentos de cómo la apertura y competencia benefician a la economía peruana, al consumidor y al desarrollo social del país. A través de la racionalización y tecnificación del debate, se debe demostrar y convencer que la competencia justa es un mejor camino hacia el desarrollo.

Comprendiendo el voto ajeno

(Publicado originalmente el 24 de junio del 2011 en Gestión)

En las últimas semanas, la polarización y tensión política y social han alcanzado picos alarmantes. La hostilidad más notoria y extrema se ha manifestado en las redes sociales a través de comentarios de tenor racista y clasista. Sin embargo, poco se ha dicho sobre la intolerancia e incomprensión hacia el voto anti-Keiko Fujimori en el sector AB que resultó siendo determinante en estas elecciones.

Parte del estrato acomodado del país, de pensamiento bastante homogéneo, acusa a la minoría del AB que votó por OH de haber "entregado" el país con su voto "incoherente". "Incoherentes" porque siendo un sector que goza del crecimiento económico del modelo actual, han votado por quien lo amenaza.

El voto en blanco o viciado no se ha salvado de la cacería. Ha sido señalado como un voto "cobarde" por no manifestar una preferencia por uno ni por otro ante la inevitable elección entre dos diferenciables candidatos.

Los críticos de estos votantes no han comprendido (o querido comprender) sus argumentos, o simplemente los han considerado inválidos, dejando en evidencia su incapacidad de empatía. Se trata de una preocupante dificultad o resistencia para comprender que lo que para uno resulta importante, para otro puede no serlo tanto. Debemos aceptar que es posible y válido que a un ser completamente racional le genere mayor utilidad o satisfacción ejercer un voto "digno" que votar por un modelo económico, o que le dé completamente igual.

Si todos tuviéramos los mismos parámetros y valores, no habría por qué elegir, y más bien podríamos someter a los candidatos y sus variables a un filtro automático que decida por nosotros. La función de utilidad de cada individuo es subjetiva y personal, pues varía de acuerdo a la interpretación y peso que le otorgue a cada una de las variables. El significado de variables como ‘dignidad’ y ‘seguridad económica’ puede variar muchísimo entre dos votantes, así como el valor que estos le asignen a cada una.

A quienes votaron en blanco o viciado les resulta más perjudicial votar por cualquiera de dos candidatos que repugna, que abstenerse de votar y dejar la elección presidencial en manos de otros. Para ellos la variable ‘dignidad de voto’ se maximiza con un voto blanco/viciado y pesa más que las de ‘modelo económico’ o ‘modelo político’. Para otros, la variable ‘dignidad de voto’ puede maximizarse en forma distinta, o simplemente tener poco o ningún peso.

En ese sentido, al emitir un voto egoísta, el ciudadano está cumpliendo a la perfección con su rol participativo en democracia. Cuando todos emitimos votos de acuerdo a nuestras propias funciones de utilidad, nuestros egoísmos confluyen y el resultado de nuestras votaciones es el que maximiza la utilidad total de la sociedad; así funciona una democracia.

Luego de un proceso político tan reñido, abundan las posibilidades de que nos crucemos con ciudadanos que razonen distinto a nosotros. La intolerancia y prejuicio conllevan a la polarización y esta impide que nos concentremos en alcanzar los objetivos compartidos que podamos tener. Debemos ser empáticos, y tolerar y valorar la racionalidad de los demás por igual que la propia para poder concentrarnos en fijar metas comunes y no profundizar fracturas.

Dos modelos, un camino

(Publicado originalmente el 20 de mayo del 2011 en Gestión)

La segunda vuelta electoral, tanto como la primera y la historia moderna de las decisiones políticas y económicas en el Perú y el mundo, pueden simplificarse como una contienda entre dos modelos. La dicotomía electoral peruana del 2011, 2006 y 1990, es similar a la que hoy gobierna Sudamérica, y a la que caracterizó el mundo durante la Guerra Fría.

El modelo que hoy gobierna el Perú busca fomentar el desarrollo a través de inversión privada y seguridad macroeconómica, y el "alternativo" prioriza satisfacer las necesidades inmediatas de los ciudadanos más necesitados. La irreconciliable relación histórica de estos modelos significa polarización y discontinuidad hasta el día de hoy.

En el Perú, cada modelo tiene sus fieles. La base del "alternativo" está entre el 54% de los hogares del país que tiene necesidades básicas insatisfechas que, naturalmente, prioriza el cubrimiento inmediato de estas necesidades, y relega el largo plazo y la sostenibilidad. También están los que sí se han beneficiado con el primer modelo. Cuentan con una holgura que les permite priorizar la seguridad de inversión y estabilidad económica por sobre el cubrimiento de necesidades básicas propias y de conciudadanos.

Estos modelos están atascados en coyunturas de suma cero; los objetivos de uno se alcanzan solo a costa de los del otro. El modelo actual solo satisface las necesidades básicas de su población que la responsabilidad fiscal y climas de inversión le permiten. El esfuerzo se limita al "chorreo" y a los tibios intentos del gobierno central y los regionales por esparcir el crecimiento. El "alternativo" promete cubrir de inmediato dichas carencias, pero con políticas expansionistas y asistencialistas que producen inestabilidad y amenazan la sostenibilidad del crecimiento y del propio asistencialismo.

Que los objetivos de un modelo se den solo en desmedro de los del otro, es un grave problema. Cuando el modelo de turno acumula suficiente malestar entre quienes relega, convierte a su oposición en mayoría, y debe pasar la posta al modelo opuesto. Esto genera discontinuidad política, y fragmentación y resentimiento social. Si bien hay dos modelos y tan solo un camino político, la solución pasa por transformar la coyuntura a una en la que los objetivos de un modelo no resten a los del otro.

Concretamente, el modelo actual puede hacer mucho más por las necesidades de la porción del electorado relegada. La medida de comprometer el balance fiscal o la pronta satisfacción de necesidades básicas no es única ni necesaria: el problema con el presupuesto público, no es su tamaño, sino la ineficiencia de su gasto -en el 2010, cuatro gobiernos regionales invirtieron menos del 50% de sus cuotas. Para que cada nuevo sol invertido satisfaga más necesidades, se requiere mayor capacidad de gestión en los gobiernos regionales y coordinación con el central.

Mientras tanto, el sector privado interesado en conservar el modelo actual, puede transformar su preocupación política en acción social. La eficiente responsabilidad social empresarial y los aportes a las ONG tienen un potencial grande y desaprovechado para esparcir el crecimiento adonde el Gobierno no llega.

Los modelos son dos, y el camino uno. La carrera está 50/50 (o 40/41). En pocas semanas, habrá un modelo escogido y uno relegado; el reto no habrá terminado, sino recién empezará. El reto está en no descartar a los objetivos del modelo derrotado ni a la porción de la población que lo apoyó. Debemos formar una visión país que trascienda a modelos y gobiernos.

El camino no es lo suficientemente ancho para dos vehículos. El vehículo de turno deberá abrir sus puertas a 29 millones de pasajeros y llevarlos en dirección de una misma meta.

El verdadero peligro para nuestra democracia

(Publicado originalmente el 15 de abril del 2011)

El verdadero peligro para nuestra democracia no gira en torno a la muy limpia y transparente victoria de los candidatos que pasarán a segunda vuelta. En realidad, a nuestra democracia la pusimos en riesgo durante los 5 años previos al voto antisistema. La ponemos en riesgo cuando culpamos de antidemócratas a quienes legítima y democráticamente emitieron un voto distinto al nuestro. Aquí, un intento de explicación a cómo arriesgamos nuestra democracia, y cómo podemos cuidarla.

La polarizada caricatura de una victimizada minoría "culta" que es arrastrada por una "ignorante" mayoría es antidemocrática en dos sentidos:

1) Representa el sentimiento de superioridad de un grupo ante otro, y la consecuente desestimación del derecho ciudadano del grupo "inferior".

2) Además, revela que aquella minoría "superior" pretende eximirse de culpas, y liberarse de las responsabilidades que en democracia tenemos los ciudadanos para con nuestra nación y conciudadanos.

Creer que el nivel intelectual de una persona determina su voto es incorrecto y peligroso. El voto es la expresión legítima a la que cada ciudadano tiene igual derecho. El domingo pasado, 20 millones de peruanos se manifestaron. Un tercio del país fue coherente –y no "ignorante"– al indicar en las urnas que no conoce el internacionalmente reconocido crecimiento económico de su país.

Que el domingo una mayoría haya preferido optar por el cambio, no es el problema sino un mero indicador; el problema son los 5 años previos, durante los cuales el frío mató a niños y la Policía, a nativos. El problema es que durante 5 años nos dejamos cegar por el resplandor económico; y que si bien algunos miopes recién nos preguntamos qué pasó, algunos ciegos reprochan a quienes, con su voto, protestaron contra esta situación.

En democracia, nadie está exento de la responsabilidad de lo que ocurre en su país. Un malestar generalizado pone en juego una democracia al generar frustración y resentimiento, semillas de golpismo o terrorismo. Nadie puede desentenderse cuando hay tanto que perder.

Entonces, al ciudadano que anhela la continuidad del modelo político y económico le compete tender la mano a quienes no experimentaron el chorreo y el gobierno no acogió. Para ello, existen distintas avenidas de participación ciudadana. Una importante alternativa son las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que fomentan el bien social, en rubros como educación, vivienda y medio ambiente, cuando no basta con la obra gubernamental.

El ciudadano puede canalizar su interés y preocupación por el rumbo del país a través de ellas. Pues, al dedicarse a actividades no lucrativas, las ONG necesitan aportes privados de la misma manera que un Estado necesita impuestos. Ante la pasividad del gobierno, estas organizaciones ofrecen una prometedora alternativa para hacer que el modelo funcione para todos. Aportar a ellas es una cómoda y efectiva alternativa para el ciudadano que desea activar su rol participativo, pero no sabe cómo o carece de tiempo para ello.

Para conservar nuestra democracia debemos entender que el voto es la expresión legítima del ciudadano sobre su experiencia quinquenal. No debemos preocuparnos una vez cada 5 años, sino ocuparnos a lo largo de ellos en traducir los incrementos en el PBI en mejoras para la mayoría de hogares peruanos, para lo cual las ONG son una opción considerable.

Una democracia asegura que su ciudadanía reciba el gobierno que se merece. Seamos dignos de ella.

Ensayo y error: Degustando candidatos

(Publicado originalmente el 22 de marzo del 2011)

En pleno laberinto electoral, el bombardeo publicitario en forma de paneles y declaraciones entorpece la labor de escoger la senda correcta. Los electores nos preguntamos cuál es la mejor forma de escoger, y los candidatos se preguntan cómo hacer que los escojamos, así crean o no ser el mejor.

Ante la necesidad de estar mejor informados, buscamos atajos para llegar a una información óptima sin tener que dedicarle excesivo tiempo a ello. El candidato provee una pésima opción a través de paneles.

Entonces recurrimos a debates entre candidatos, hasta acusar que en ellos se exponen mas no se debaten propuestas, o que los debates son teóricos y no demuestran lo tangible o beneficioso que sería la ejecución de una propuesta.

Como en el libre mercado, el votante o consumidor está sujeto a la información que el candidato o productor, y los medios, expongan. A diferencia de un consumidor, sin embargo, los votantes no utilizamos herramientas para ‘degustar’ lo que vamos a comprar.

Ante esta carencia, el candidato saca provecho y publicita eslóganes irrelevantes que resaltan características físicas del candidato; o promesas irrealizables para un político, como convocar a la selección a un futbolista suspendido.

Ante las imperfectas avenidas de información de nuestra democracia, alternemos por imitar una opción de mercado o de sentido común; ensayo y error. No basamos nuestras decisiones solo en publicidad; hacemos prueba de rodaje antes de comprar un auto, compramos el queso que ya nos gustó antes, y tocamos el agua con la mano antes de entrar a la ducha.

Al electorado le resultará innecesario hacerle prueba de rodaje a Keiko, o tocar a PPK (con la excepción de un par de ‘manolargas’), pero la evaluación de su labor frente a cargos similares o idénticos a los que postula debería ser determinante.

A falta de máquinas de tiempo que nos transporten al futuro para evaluar el gobierno que se nos viene, utilicemos la memoria para viajar al pasado y hacer lo mismo; ensayo y error. Escogimos a un presidente: ensayo. El presidente reúne la aprobación de solo el siete por ciento de la población: error. Siguiente elección, siguiente candidato por favor.

De manera similar los candidatos pueden explotar estas facetas ante el electorado. Keiko podría recalcar sus logros durante su (in)asistencia al Congreso, y PPK los suyos como titular de la PCM, del MEF, y de su ONG Agualimpia. Piñera, por ejemplo, basó su promoción como candidato presidencial en sus éxitos en el sector privado; los resultados le favorecieron.

Y si al candidato no le favorecen, o no tiene, antecedentes relevantes, que los cree. La campaña electoral es un gran momento para ‘degustar’ las ideas que los candidatos proponen, y la forma en que ellos las ejecutarían.

Toledo canalizaría los 2.5 millones de soles que gastó en publicidad, en lanzar un proyecto piloto del Banco de la Esperanza y probar su esquema de microcrédito en algún pueblo del país. PPK utilizaría su millón de soles para suplir un punto porcentual del IGV a empresarios informales, si es que estos aceptaran formalizar su negocio. Así, las grandiosas promesas que leemos en paneles u oímos en debates, aterrizarían al campo de lo observable y evaluable. En vez de prometer a través de volantes, el candidato tiene la opción de demostrar su metodología, capacidad de ejecución, y resultados.

Sin embargo, la cobertura mediática sería necesaria para que estos esfuerzos de candidatos presidenciales calen en el electorado nacional. Mientras existan ciertas ataduras entre medios y partidos, algunos candidatos recibirán solo la publicidad que ellos se paguen. Este método de campaña es más aplicable a elecciones parlamentarias o municipales, en las que el ojo vecino y la radio bemba suplen a los medios.

El candidato no incurrirá en gastos adicionales, el votante tomará una mejor decisión, y el ciudadano de a pie no solo vería eliminada la contaminante publicidad, sino que además se vería directamente beneficiado por estas simulaciones. Todos ganan.

Los candidatos no se preguntarán cómo convertirse en la elección del votante, sino cómo ser la mejor elección, demostrando en el ensayo que no son el error, sino la solución.

El síntoma del voto irracional

(Publicado originalmente el 18 de febrero del 2011 en Gestión)

Para la obtención de grado de país desarrollado, tenemos una gran asignatura pendiente: la consolidación de nuestra democracia. Aunque se haya propuesto al PBI o al IDH (Índice de Desarrollo Humano) como indicadores absolutos de desarrollo, ninguno logró consolidarse. Siglos y siglas después, no existe un único indicador determinante que nos gradúe como país desarrollado. Hemos aprobado en crecimiento económico y social, pero estamos por triquear en materia de calidad de democracia.

Entre los síntomas más perjudiciales de este subdesarrollo está el del voto irracional y la generación de un círculo vicioso que debilita gravemente a nuestra democracia.

En la teoría moderna, la ciudadanía cumple con su rol participativo cuando ejerce su voto. Sin embargo, para que los sistemas políticos actuales satisfagan las pautas modernas, estos deben emular a un mercado perfecto, en el que, de no satisfacer al consumidor, el productor deja de generar ventas y quiebra. Al votar, el ciudadano sujeta al Gobierno a cuentas, y lo castiga negándole su voto. Por ello, la teoría no comprende que un electorado que desaprueba en 93% la gestión de un presidente, le otorgue el 28% de su intención de voto en su siguiente postulación. Pues, en la teoría económica, los consumidores (o votantes) son actores racionales con acceso a información perfecta; en la realidad electoral peruana, no.

Si bien en democracia no existe un único candidato correcto, sí existen votos "correctos". Un voto es "correcto" cuando va al candidato que mejor representa las posiciones e intereses del votante, y cuando premia la capacidad, integridad y conocimiento del candidato sobre la materia a gobernar. Sin embargo, ninguna democracia calza con este ideal. En el 2000, al decidirse entre Gore y Bush, el electorado estadounidense consideró entre los diez factores más importantes a los siguientes: apariencia, asociación con otros políticos, y apoyo de otros ciudadanos.

En un país con índices de educación mucho más bajos que los de EE.UU., como el Perú, el panorama es menos alentador.

El voto "incorrecto" es parte de un círculo vicioso. Cumplir con los estándares de información perfecta que comprende un voto "correcto", implica que el ciudadano dedique la mayoría de su tiempo a informarse.

El votante busca aproximarse a un voto "correcto" sin necesidad de tanta inversión, a través de atajos como los medios de comunicación o el entorno social. Así, el ciudadano depende de la calidad y relevancia de información que estos medios provean, y acaba definiendo al voto "correcto" a través de factores irrelevantes - como lo malo o bueno que hizo el padre de una candidata cuando este gobernó, en vez de juzgar por la propia gestión de la candidata como legisladora (en la que asistió a 7 de 42 sesiones de la comisión de la cual es titular).

Así se perpetúa el subdesarrollo democrático, en el que desinformados electores escogen a malos políticos que, por incapacidad o conveniencia, no elevan el nivel de educación de la ciudadanía. Los medios de comunicación ofertan el tipo de información que su deseducado público demanda.

La ciudadanía se contenta con morbosa información, que ni educa ni ayuda a votar "correctamente". La calidad de la democracia se estanca en un círculo vicioso, en el que una pobre demanda genera una pobre oferta que eterniza la pobreza del producto.

Para quebrar este círculo vicioso, están las alternativas del voto facultativo, o la menos democrática limitación del voto al electorado más educado. Por otro lado, se puede "corregir" a la porción deseducada del electorado, con educación. Sin embargo, en las democracias hacen falta gobiernos que eduquen a quien con poca educación los escogió; ciudadanos educados que eduquen a los deseducados que escogieron un gobierno que no educa; y medios de comunicación que prioricen información por sobre tiraje o rating.

Empero, existen iniciativas que buscan curar estas fallas de mercado o democracia, como lo son algunos de los proyectos educativos que deja el gobierno saliente, y las iniciativas sin fines de lucro del ciudadano y sector privado. Es así como podrá quebrarse el círculo, educando con una oferta que no necesariamente complazca a la demanda, porque para esto del desarrollo, hay que ser irracional.

El Partido Nacionalista is now following you on Twitter

(Publicado originalmente el 21 de enero del 2011 en Gestión)

Se ha celebrado a las redes sociales como útiles herramientas, divertidos pasatiempos y hasta fortalecedoras de democracias; pero poco se ha advertido sobre su posible rol de debilitador de democracias y las potenciales amenazas que posan sobre la libertad de sus usuarios ciudadanos. Conforme vamos dejando que las redes sociales invadan nuestras vidas, vertiendo información personal en la red, voluntariamente nos convertimos en carne de cañón para quien quiera indagarnos. Se ha escrito sobre las consecuencias que han sufrido empleados ante sus jefes, maridos tramposos ante sus mujeres, pero ¿qué consecuencias podría sufrir un ciudadano política y cibernéticamente activo ante un gobierno antidemocrático?

Son más saltantes a la vista los elementos positivos de la red social Twitter, que los potencialmente castrantes. Sus usuarios intercambian mensajes de 140 caracteres ("tweets"), que varían desde vínculos a artículos de noticias ingresadas por CNN o Ajá; a llamados a la opinión pública por Barack Obama, sobre reformas legislativas, operando como canal de consulta directa. Los usuarios de Twitter veneran la creación de comunicación político-ciudadano, celebridad-fan, usuario-usuario.

En el país Twitter, Ashton Kutcher derrota a CNN en una carrera al millón de seguidores, Juanes llama hijo de p… a Hugo Chávez, y existe igualdad de acceso a la información y libertad de expresión. Twitter pareciera ser un enemigo para los gobiernos autoritarios y censuradores: Chávez ya amenazó con prohibirlo en Venezuela, por ser "un instrumento de terrorismo".

Leí un título amenazante que parecía ser sacado de "1984" de Orwell: El Partido Nacionalista (o bien pudo ser "El Gran Hermano") is now following you on Twitter. Pues esta red social no sólo permite que el usuario se entere de cómo actúa su gobierno; también permite al gobierno enterarse de cómo actúan sus ciudadanos.

A diferencia de la televisión o los diarios, las redes sociales son canales de doble sentido. Podrían llevar a gobiernos autoritarios y antidemocráticos a la conclusión de que el beneficio de ejercer un mayor control sobre su población, excede al costo de que esta esté comunicada e interconectada. Por ende, es de suponerse que si además de ambiguo hacia los principios democráticos, el gobierno de turno es espabilado en cuanto al control del cual la tecnología lo provee, las redes sociales se salvarían de correr la misma suerte que corrió RCTV en Venezuela.

Son diversos los usos que un gobierno iliberal puede darle a una red social y las formas en las que puede transformar un contrapeso a su poder, en un arma a su favor. El FBI se adelantó en este campo, cuando en octubre del año pasado, ingresó al hogar de un hombre acusado de organizar una protesta contra el G-20 en Nueva York, en busca de evidencia incriminadora. Siguiendo esta línea, de haber existido a lo largo del siglo pasado, Twitter le habría facilitado mucho el trabajo a la Gestapo, la KGB o la DINA. Si resurgiesen cuerpos de inteligencia secreta en gobiernos antidemocráticos en la era de la interconexión, sus integrantes probablemente se asemejarían más a un técnico de computación que a un intimidante agente secreto, aunque serían fuerzas más intrusivas y eficientes que sus antecesoras del siglo anterior.

El camino internauta que navegan las vidas sociales, activistas políticas, e íntimas, no es saludable. La legislación sobre el derecho a la privacidad y su violación deberá modernizarse. Mientras llegue ese lejano día, aproveche las medidas de privacidad que existen en estas redes, piense dos veces qué desea publicar, y no escriba en los muros de sus amigos, o en sus "tweets", lo que no gritaría a todo pulmón en medio de una transitada plaza. Nunca sabe quién está observando… o siguiéndolo en Twitter.

(Des)igualdad que no da igual

(Originalmente publicado en Gestión el 28 de diciembre del 2010)

El avecinamiento de elecciones trae consigo lluvias de propuestas, pero sobre todo de críticas. Un tema recurrente es el modelo económico actual, al que se le festeja el crecimiento y se le reprocha la desigualdad con la que este se dio.

A pesar de que durante los últimos cinco años el modelo económico sacó a cuatro millones de peruanos de la pobreza, se le ha crucificado por el poco beneficio que trajo a los sectores más pobres. Sin embargo, este beneficio solo puede ser considerado "poco" en comparación al que obtuvieron los ricos en el mismo periodo. Pues si comparamos el beneficio que obtuvieron los pobres durante el modelo actual con el que ellos mismos obtuvieron durante el modelo anterior en los setenta y ochenta, queda claro que tanto ricos como pobres están mejor hoy que hace veinte años (y el "estar mejor" mídalo con su índice preferido, la mejoría es invariable).

¿Por qué importa entonces la equidad del crecimiento económico? La paradoja del molino hedonista sugiere que solo nos satisfacen las mejoras de nuestro bienestar cuando este alcanza o supera al de nuestros pares. De ahí que el socialista se rasgue las vestiduras cuando los recursos de un Estado benefician más a unos que a otros, así hayan beneficiado a todos individualmente. Y de ahí la proclama del Che: "si no hay café para todos, no habrá café para nadie".

Por otro lado, también se argumenta que la desigualdad impide el crecimiento económico. Una clase económicamente dominante extiende su control a las industrias tradicionales generadoras de riqueza e intenta restringir el progreso de otras que pudiesen destronar a las que ellos controlan. Esto perpetúa los obstáculos que impiden que un país y sus industrias tengan la oportunidad de innovación que, por ejemplo, impulsó la creación y expansión de nuevas fuentes de riqueza durante la revolución industrial, y que hoy está ausente en países dependientes de industrias extractivas dominadas por elites.

No obstante, como indicador de desarrollo, un índice de (des)igualdad –el índice de Gini, por ejemplo- puede volverse engañoso. Si bien sería óptimo que los distintos sectores de una sociedad igualen al que tradicionalmente creció más, no sería deseable que le sigan igualando si este empeorara. El índice en mención premia por igual a ambos casos: la equidad hacia arriba y hacia abajo, y claramente no da igual. Por ello, no debe usarse como legitimador del modelo económico que seguimos, que busca maximizar el bienestar colectivo de una sociedad a través de la retribución al esfuerzo individual de cada uno de sus integrantes.

Los índices de distribución como el de Gini, que son fotografías de la concentración del ingreso en distintos sectores de una sociedad, deben reemplazarse por los que miden la igualdad de acceso a herramientas y oportunidad de desarrollo, como el Índice de Oportunidad Humana (IOH) del Banco Mundial. El IOH busca reflejar la distribución del acceso a educación, salud, tecnología y crédito, y medir así la desigualdad que no da igual, la que se perpetúa gracias a circunstancias que escapan al control de las personas. No debe atacarse a la desigualdad en la distribución del ingreso per se, sino a las restricciones que limitan el acceso a las herramientas de desarrollo: salud, educación, tecnología y calidad democrática.

La legitimación del actual modelo económico depende de la extensión de las oportunidades de desarrollo a las poblaciones que menos se han beneficiado del reciente crecimiento. En este sentido, el Gobierno actual adeuda el destierro de la corrupción, que traduce poder económico en influencia política, y el eficiente uso de presupuestos para planeamiento y ejecución de proyectos sociales a nivel regional.

Al mismo tiempo, ha tenido aciertos como la creación del Colegio Mayor, que brinda una educación secundaria excelente y gratuita a los estudiantes más aplicados de las escuelas primarias públicas a nivel nacional. En este caso, la meritocracia provee igualdad de oportunidad y funciona como antídoto contra una trampa de pobreza. debe replicarse el uso de esta fórmula, así como el descubrimiento y uso de otras nuevas.

Cultura Parche III: Islay

(Originalmente publicado el 11 de noviembre del 2010)

Luego de Bagua y Quillabamba, llega Islay, para completar la trilogía. La trama es conocida: interés de inversión privada en recursos naturales, desinformación de la población local, enfrentamiento entre población y Estado. El desenlace, no menos previsible: en el mejor de los casos el presidente del Consejo de Ministros acude a poner el parche solo después de algunos cuantos heridos, y en el peor, el parche se pone solo después de que hayan muerto 34 personas. La tensión que se vive en Islay acerca del proyecto cuprífero de Tía María, evidencia que el Estado y el sector privado se rehúsan a aplicar lo aprendido, o no han aprendido, sobre consulta y prevención. Estas carencias ponen en riesgo los 330 millones de soles que aportaría el proyecto Tía María a la región Arequipa (por no mencionar la generación de empleo y construcción de infraestructura), y perjudican la estabilidad económica del país".

El año pasado murieron más de treinta peruanos, y solo después se dialogó y se propuso. Se repitió el fenómeno en Quillabamba, en torno al gas de Camisea, y el Estado y el empresariado interesado desaprovecharon una nueva oportunidad de prevenir en vez de remediar, cuando solo después de los enfrentamientos, el presidente del Consejo de Ministros acudió a dialogar. Con el fin de que consensúen Estado, inversionista y población afectada, sobre proyectos de exploración y extracción, se elaboró la Ley de Consulta Previa. Ley que hoy es revaluada, por su extensión a poblaciones no indígenas, como con la que, paradójicamente, hoy dialogarán representantes del Ejecutivo, claro, solo después de haber sumado los primeros intentos de toma de carreteras y heridos.

Esta renuencia se explica por un erróneo análisis costo-beneficio por parte del Gobierno. Pareciera que es más costoso canalizar esfuerzos e invertir en estudio y prevención de potenciales conflictos, que hacia la resolución de conflictos existentes, y por ende más fáciles de localizar. Además, la prevención es menos vistosa; capturar al asesino da más prensa que convencerlo de no disparar. Sin embargo, la experiencia nos dice que el costo de no consultar, ha resultado siempre más alto. A falta de un canal de comunicación que sirva a la inclusión, el marginado opta por las vías radicales, como la armada e insurgente en los 80 y 90; costosísima para los peruanos.

Asimismo, a la interrogante "¿cómo me afecta la obra que presencio?", no hay respuesta del inversionista o Gobierno, o falta de entendimiento de parte de la población afectada, personajes con intereses ajenos al esclarecimiento de la verdad, llenan ese vacío y logran desinformar a su antojo. Aunque el sector privado grite a viento y marea que sí invierte en estrategias de comunicación, evidentemente, no ha sido efectivo, y se requiere mayor inversión en cobertura, y renovación en la forma de informar. Solo una amplia e inclusiva estrategia de prevención se anticiparía a la desinformación y la inquietud que genera.

De nuestra desafortunadamente amplia experiencia en conflictos sociales, parece haberse aprendido poco. No consultar y excluir ha resultado más costoso que consultar –y lo entendemos solo después de haber pagado por ello. Para que se valore el beneficio de evitar conflictos a largo plazo por sobre los costos de inversión en consultar, queda pendiente el cambio de la cultura parche por la de prevención. La inclusión y estabilidad social significan mayor y entendida inversión y su eficiente redistribución, y sientan sólidas bases para el desarrollo. La aprobación de la Ley de Consulta Previa, y la revaluación de las estrategias de comunicación, son dos grandes pasos hacia el fin de los desafortunados episodios de la saga de la cultura parche que prioriza picos en encuestas sobre favorables páginas de historia.