Cultura Parche III: Islay

(Originalmente publicado el 11 de noviembre del 2010)

Luego de Bagua y Quillabamba, llega Islay, para completar la trilogía. La trama es conocida: interés de inversión privada en recursos naturales, desinformación de la población local, enfrentamiento entre población y Estado. El desenlace, no menos previsible: en el mejor de los casos el presidente del Consejo de Ministros acude a poner el parche solo después de algunos cuantos heridos, y en el peor, el parche se pone solo después de que hayan muerto 34 personas. La tensión que se vive en Islay acerca del proyecto cuprífero de Tía María, evidencia que el Estado y el sector privado se rehúsan a aplicar lo aprendido, o no han aprendido, sobre consulta y prevención. Estas carencias ponen en riesgo los 330 millones de soles que aportaría el proyecto Tía María a la región Arequipa (por no mencionar la generación de empleo y construcción de infraestructura), y perjudican la estabilidad económica del país".

El año pasado murieron más de treinta peruanos, y solo después se dialogó y se propuso. Se repitió el fenómeno en Quillabamba, en torno al gas de Camisea, y el Estado y el empresariado interesado desaprovecharon una nueva oportunidad de prevenir en vez de remediar, cuando solo después de los enfrentamientos, el presidente del Consejo de Ministros acudió a dialogar. Con el fin de que consensúen Estado, inversionista y población afectada, sobre proyectos de exploración y extracción, se elaboró la Ley de Consulta Previa. Ley que hoy es revaluada, por su extensión a poblaciones no indígenas, como con la que, paradójicamente, hoy dialogarán representantes del Ejecutivo, claro, solo después de haber sumado los primeros intentos de toma de carreteras y heridos.

Esta renuencia se explica por un erróneo análisis costo-beneficio por parte del Gobierno. Pareciera que es más costoso canalizar esfuerzos e invertir en estudio y prevención de potenciales conflictos, que hacia la resolución de conflictos existentes, y por ende más fáciles de localizar. Además, la prevención es menos vistosa; capturar al asesino da más prensa que convencerlo de no disparar. Sin embargo, la experiencia nos dice que el costo de no consultar, ha resultado siempre más alto. A falta de un canal de comunicación que sirva a la inclusión, el marginado opta por las vías radicales, como la armada e insurgente en los 80 y 90; costosísima para los peruanos.

Asimismo, a la interrogante "¿cómo me afecta la obra que presencio?", no hay respuesta del inversionista o Gobierno, o falta de entendimiento de parte de la población afectada, personajes con intereses ajenos al esclarecimiento de la verdad, llenan ese vacío y logran desinformar a su antojo. Aunque el sector privado grite a viento y marea que sí invierte en estrategias de comunicación, evidentemente, no ha sido efectivo, y se requiere mayor inversión en cobertura, y renovación en la forma de informar. Solo una amplia e inclusiva estrategia de prevención se anticiparía a la desinformación y la inquietud que genera.

De nuestra desafortunadamente amplia experiencia en conflictos sociales, parece haberse aprendido poco. No consultar y excluir ha resultado más costoso que consultar –y lo entendemos solo después de haber pagado por ello. Para que se valore el beneficio de evitar conflictos a largo plazo por sobre los costos de inversión en consultar, queda pendiente el cambio de la cultura parche por la de prevención. La inclusión y estabilidad social significan mayor y entendida inversión y su eficiente redistribución, y sientan sólidas bases para el desarrollo. La aprobación de la Ley de Consulta Previa, y la revaluación de las estrategias de comunicación, son dos grandes pasos hacia el fin de los desafortunados episodios de la saga de la cultura parche que prioriza picos en encuestas sobre favorables páginas de historia.