A diálogo frustrado, teatro interactivo

En el contexto de deficiente comunicación Estado-comunidad y empresa-comunidad, y de los conflictos que ella suscita, es necesario revaluar las actuales estrategias de comunicación, y considerar su reforma. El enfoque de “teatro interactivo” es innovador y cubre las carencias de las estrategias más “tradicionales”.

Las estrategias de comunicación, en especial en el diálogo intercultural, han fallado por la falta de comprensión y empatía que tienen los dialogantes. Los beneficios planteados por una parte pueden ser incomprendidos o hasta resultar irrelevantes para la otra.

Si bien la incapacidad de consenso puede deberse a resistencias motivadas por intereses particulares ajenos al tema en debate, muchas otras se deben a la disimilitud entre los criterios con que las partes entienden las propuestas. Este caso es común en el diálogo intercultural, entre Estado y/o empresas, y comunidades indígenas, por ejemplo.

Las barreras en el diálogo intercultural no nos conciernen exclusivamente a los peruanos. Brechas culturales tan profundas como las que existen en países posconflicto como Irlanda del Norte, Georgia, Israel, Ruanda o Sudán, difícilmente son resueltas puramente con diálogo. En estos países, el “teatro interactivo” ha brotado como un eficaz instrumento para la resolución de conflictos interculturales y sería saludable que se considere como herramienta de consenso en el Perú.

El teatro interactivo tiene como audiencia a las poblaciones afectadas. La obra representa el desencadenamiento de eventos negativos a partir de decisiones que toman los personajes de la historia. Se observará que el alcoholismo conduce a la violencia; el endeudamiento irresponsable, al estrés; y que el crimen espanta a la inversión y produce desempleo.

Al culminar la puesta en escena, se inicia una repetición de la obra en la que se invita al público a subir al escenario, en el momento que deseen suplantar a algún personaje y tomar una (mejor) decisión en su lugar.

A través de la intervención del público en el proceso de toma de decisiones, se busca centrar la atención sobre temas relegados. La participación obliga al espectador a evaluar acciones familiares desde un punto de vista analítico de causa-efecto, en el que se consideran las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de conductas puntuales. Este tipo de razonamiento fomenta culturas preventivas y consecuentes.

Adicionalmente, se empodera a quienes usualmente no tienen oportunidad de expresar su opinión dentro de una comunidad, y se permite el debate y ensayo de alternativas que parten desde los diversos puntos de vista dentro de un grupo.

En la actualidad, la reforma más urgente debe darse en el campo de comunicación en proyectos de extracción de recursos en comunidades rurales. La puesta en escena pudiera representar más claramente los perjuicios que un clima infavorable a la inversión puede suscitar (menor recaudación tributaria, insuficientes servicios públicos, menor empleo). A la vez, permitiría el análisis y debate entre la población local, permitiéndoles expresar gráficamente sus dudas y preocupaciones (impacto ambiental o cultural) frente a los proyectos.

Si bien el diálogo y compromiso entre autoridades es la forma legítima y aceptada de consenso, la técnica aquí propuesta proveería un entendimiento a nivel de comunidad, que las autoridades deben luego representar. Si el Estado y/o la empresa, insiste en presentar los beneficios de la inversión desde su propio punto de vista y en su lenguaje, y las comunidades condenan los posibles perjuicios desde su propia órbita, difícilmente se logrará la comprensión, y menos aún el consenso.

No podemos seguir dándonos el lujo de dejar que gobierne la incomprensión y desacuerdo entre peruanos que tenemos una meta en común: el desarrollo de nuestro país. Es hora de hablar el mismo idioma.

Control de cambios

El cambio de posición de Ollanta Humala, desde candidato a presidente, es positivo en principio, pero podría arrastrar consecuencias negativas. Bueno porque se da como resultado de aprendizaje; riesgoso por el malestar que podría generar en sus votantes. Debe aplacarse el potencial impacto negativo si se quiere evitar una crisis sociopolítica y económica.

La posición del Ejecutivo es difícil. En campaña hizo promesas y tomó posición sobre temas complejos. Una vez dentro del Gobierno, la comitiva nacionalista se enfrentó a la realidad: una variación de 4 puntos porcentuales en la inversión privada repercute en uno del PBI. Además, la minería representa el 36% de la inversión privada y contribuye con más del 25% de los ingresos tributarios. El íntegro cumplimiento de las promesas de campaña es incompatible con esta realidad.

Este y cualquier cambio es positivo cuando es consecuencia de acceso a mayor información. Hoy representa el sinceramiento de agrupaciones políticas que, sin la obligación de tomar las riendas del país, seguirían promoviendo posiciones ajenas a la realidad. Solo imaginemos qué posición hubiera tomado el actual partido de gobierno, respecto al proyecto Conga si el fujimorismo ganaba la segunda vuelta.

Similarmente, un pueblo también opta por el cambio ante mayor información. Este año, el electorado peruano escogió un cambio, a pesar de que 5 años antes lo había rechazado. El gobierno actual es marcadamente distinto; el concreto incremento de 32% del presupuesto para programas sociales en el 2012 es un indicador ilustrativo. Por supuesto, este cambio está condicionado a las ataduras económicas antes mencionadas.

El cambio de posición del Ejecutivo, sin embargo, arrastra consecuencias negativas. Cualquier ruptura de un compromiso genera malestar. De hecho, el 66% de la desaprobación presidencial se explica por el incumplimiento de promesas electorales, y las regiones que más lo desaprueban son las que más votaron por Ollanta Humala. Ello resta legitimidad al Gobierno y suscita el enfrentamiento entre población y Estado en escenarios delicados.

La inestabilidad política y social significa inseguridad y espanta a la inversión. De hecho, las deterioradas expectativas empresariales se explican principalmente por la incertidumbre política. El ritmo de crecimiento de la inversión privada, decreció 11 puntos porcentuales en el 2011, y en el 2012, y la proyección de crecimiento en el sector minero en el 2012 empeoró de 7.5% en junio a 4.4% en diciembre. En este contexto el Ejecutivo debe enfocarse en mitigar la latente inestabilidad.

El partido de gobierno debe reconciliarse con sus votantes y base política. Es preferible explicar que las promesas se hicieron sin información completa y compartir la nueva información y condiciones que originaron el cambio, en lugar de guardar silencio y dar pie a resentimiento en el imaginario colectivo.

Si bien cualquier cambio que es consecuencia de aprendizaje es positivo, sería óptimo que este no se dé en Palacio, sino antes. El JNE podría obligar a los partidos políticos a adelantar su proceso de aprendizaje, a través de más rigurosos estándares para los planes de gobierno. Es necesario que se contemplen secciones de financiamiento, así como de posible impacto de las políticas y proyectos propuestos. Además, estos deberían ser auditados por empresas independientes que corroboren la veracidad del análisis.

El orden del orden: la iniciativa GRI en la RSE

(Publicado Originalmente en CONTACT de AMCHAM Perú, Diciembre 2011)

La responsabilidad social empresarial (RSE) pretende ordenar la dinámica actividad económica: la iniciativa GRI, pretende ordenar la dinámica responsabilidad social empresarial. El crecimiento de la producción en los noventas fue tan acelerado como desordenado. Una de las manifestaciones de vehemencia fue el descuido de la sostenibilidad de las empresas en el tiempo a través de la relación con grupos de interés o stakeholders más allá del accionariado (trabajadores, comunidad, gobierno, clientes). Posteriormente, se adoptaron estrategias de reivindicación de éstos factores en el planeamiento de las empresas bajo el rótulo de responsabilidad social empresaria (RSE). No obstante, la RSE se edificó sobre el preexistente desorden y hoy se ve en la necesidad de su propio reordenamiento.

La Iniciativa Global de Reporte (GRI, por sus siglas en inglés) surge como una avenida para homogenizar, estandarizar, monitorear y sincerar las cada vez más valoradas gestiones de RSE.

El intensivo proceso de privatización de los noventas liberó un dinamismo empresarial reprimido.  El crecimiento fue cuatro veces mayor que el de la década anterior, pero careció de un eficiente y comprehensivo planeamiento.  Ello saltó a la atención nacional entrando al nuevo milenio, mientras el mundo adoptaba indicadores de desarrollo económico integral, y el Perú giraba la atención sobre los descuidos laborales y sociales en los que se había venido creciendo.

Se concluyó que el descuido de la relación de las empresas con la totalidad de sus grupos de interés  afectaba a su propia sostenibilidad en el tiempo. La RSE se erigió como un alto valor de la empresa, y la principal avenida para ordenar su actividad, impacto y sostenibilidad.

No obstante, un valor invalorable es un valor nulo. A diferencia de la utilidad de una empresa, expresada en dólares y calculada según una fórmula universal, un reporte de RSE se presta a variados contenidos y métodos de elaboración. La naturaleza de los programas es diversa: mientras Backus promueve el consumo alcohólico responsable, el BCP elabora herramientas de aprendizaje virtuales para escuelas públicas y Edelnor educa sobre los valores nutricionales de la papa.

Por ello, sin indicadores o estándares comunes, las evaluaciones se hacen difíciles, abstractas e incomparables entre sí, y por ende, inútiles. Considerando que la base de la RSE es el impacto que la actividad genera en los diversos grupos de interés, es vital que a ellos se les comunique claramente sobre los resultados de la gestión de la empresa.

Una deficiente comunicación o comprensión, minaría los esfuerzos del fortalecimiento de la relación con los stakeholders, y contra la propia sostenibilidad de la empresa. Los proyectos mineros de  La Conga y Tía María, son ilustrativos ejemplos de inversiones que peligran en contextos de deficiente comunicación entre inversionista y grupos de interés.

Como respuesta a la situación descrita, emergió y predominó el reporte de sostenibilidad GRI, que busca institucionalizar y hacer transparente la manera en que las empresas reportan y comunican su actividad de RSE.

La GRI califica con notas entre A+ y C, el grado y rigurosidad de compleción de una lista de 79 indicadores que deben ser previamente consensuados entre empresa y stakeholders. Éstos contemplan indicadores de performance económica, ambiental y social de la actividad como generación de empleo local, emisión de CO2, y fatalidad, respectivamente.

Los reportes se elaboran por la propia empresa o una auditora externa para una mejor calificación, y luego es calificada y certificada por la GRI en Rotterdam, Holanda. En el 2010, más de 1800 empresas a nivel mundial fueron certificadas; el 14% provino de Latinoamérica.

En el Perú, la iniciativa ha sido recogida por 40 empresas, e impulsada por Perú2021, capacitador oficial de reportes de sostenibilidad GRI.  Cecilia Rizo Patrón, Directora de Gestión del Conocimiento de Perú2021, ha supervisado reportes GRI de 8 empresas en el país, incluyendo a Antamina, Backus, BCP y Refinería La Pampilla.

“El principal beneficio que ven las empresas en seguir la metodología GRI, es que permiten a la empresa ser transparente con sus grupos de interés; pudiendo convertirse en valiosas fuentes de retroalimentación” argumenta Rizo Patrón.

“Mientras más y mejor reporte, genero la posibilidad de recibir más y mejores recomendaciones de parte de mis stakeholders. De esta manera hago una auto-evaluación de la labor de RSE que me permitirá cambiar o afinar el rumbo de mi gestión, según los resultados que obtenga.”

A estos beneficios, debe sumársele la creación de una conciencia de responsabilidad social a nivel de sociedad. Esto se refleja en mejor reputación y aprecio en el mercado por empresas socialmente responsables. De hecho, los estudios demuestran que existe una correlación positiva entre incrementos en la cotización de una empresa en mercados bursátiles y su progreso en gestión y reporte de RSE.

En países como Inglaterra, Dinamarca y Japón, esta conciencia ha desembarcado en legislación que exige reportes de sostenibilidad a empresas que deseen cotizar en bolsa. Además de la ventaja de una imagen favorable de una empresa frente a su público, existe el beneficio directo al inversionista de un aseguramiento de la sostenibilidad de su inversión. Un cada vez mayor número de organizaciones inversionistas transnacionales, restringe su portafolio a acciones de empresas de transparentes gestiones de RSE. Es necesario que las empresas peruanas mejoren su calidad e información de RSE y no se vean rezagadas en la competencia por captación de capitales extranjeros cada vez más conscientes socialmente.

La adopción de políticas de RSE por el empresariado nacional e internacional es un importante paso para la conciliación del desarrollo económico con el de los diversos grupos impactados por la actividad. Especialmente, en el contexto político y social actual, en el que se suele antagonizar a la inversión privada y al desarrollo integral de la población, es de suma importancia que exista clara y eficiente comunicación con los stakeholders.

La GRI, surge como la principal alternativa para establecer estándares en los que se ejecuten, reporten, comuniquen y midan estas gestiones. Además de legitimar a la empresa con sus grupos de interés, los reportes de sostenibilidad pueden generar beneficios directos en valorizaciones ante inversionistas.

Por sobre todo, debe tenerse en especial consideración la aparición de esta herramienta como antídoto contra la trampa de estigmatización en la que la actividad privada estuvo enfrascada mucho tiempo: la supuesta contraposición de sus intereses lucrativos y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Con orden y a través de iniciativas como la GRI, la RSE concilia y potencia lucro y bienestar.