Control de cambios

El cambio de posición de Ollanta Humala, desde candidato a presidente, es positivo en principio, pero podría arrastrar consecuencias negativas. Bueno porque se da como resultado de aprendizaje; riesgoso por el malestar que podría generar en sus votantes. Debe aplacarse el potencial impacto negativo si se quiere evitar una crisis sociopolítica y económica.

La posición del Ejecutivo es difícil. En campaña hizo promesas y tomó posición sobre temas complejos. Una vez dentro del Gobierno, la comitiva nacionalista se enfrentó a la realidad: una variación de 4 puntos porcentuales en la inversión privada repercute en uno del PBI. Además, la minería representa el 36% de la inversión privada y contribuye con más del 25% de los ingresos tributarios. El íntegro cumplimiento de las promesas de campaña es incompatible con esta realidad.

Este y cualquier cambio es positivo cuando es consecuencia de acceso a mayor información. Hoy representa el sinceramiento de agrupaciones políticas que, sin la obligación de tomar las riendas del país, seguirían promoviendo posiciones ajenas a la realidad. Solo imaginemos qué posición hubiera tomado el actual partido de gobierno, respecto al proyecto Conga si el fujimorismo ganaba la segunda vuelta.

Similarmente, un pueblo también opta por el cambio ante mayor información. Este año, el electorado peruano escogió un cambio, a pesar de que 5 años antes lo había rechazado. El gobierno actual es marcadamente distinto; el concreto incremento de 32% del presupuesto para programas sociales en el 2012 es un indicador ilustrativo. Por supuesto, este cambio está condicionado a las ataduras económicas antes mencionadas.

El cambio de posición del Ejecutivo, sin embargo, arrastra consecuencias negativas. Cualquier ruptura de un compromiso genera malestar. De hecho, el 66% de la desaprobación presidencial se explica por el incumplimiento de promesas electorales, y las regiones que más lo desaprueban son las que más votaron por Ollanta Humala. Ello resta legitimidad al Gobierno y suscita el enfrentamiento entre población y Estado en escenarios delicados.

La inestabilidad política y social significa inseguridad y espanta a la inversión. De hecho, las deterioradas expectativas empresariales se explican principalmente por la incertidumbre política. El ritmo de crecimiento de la inversión privada, decreció 11 puntos porcentuales en el 2011, y en el 2012, y la proyección de crecimiento en el sector minero en el 2012 empeoró de 7.5% en junio a 4.4% en diciembre. En este contexto el Ejecutivo debe enfocarse en mitigar la latente inestabilidad.

El partido de gobierno debe reconciliarse con sus votantes y base política. Es preferible explicar que las promesas se hicieron sin información completa y compartir la nueva información y condiciones que originaron el cambio, en lugar de guardar silencio y dar pie a resentimiento en el imaginario colectivo.

Si bien cualquier cambio que es consecuencia de aprendizaje es positivo, sería óptimo que este no se dé en Palacio, sino antes. El JNE podría obligar a los partidos políticos a adelantar su proceso de aprendizaje, a través de más rigurosos estándares para los planes de gobierno. Es necesario que se contemplen secciones de financiamiento, así como de posible impacto de las políticas y proyectos propuestos. Además, estos deberían ser auditados por empresas independientes que corroboren la veracidad del análisis.